La criminalización de la solidaridad en Europa está en auge. Según los datos recogidos por la plataforma de investigación Resoma, entre 2015 y diciembre de 2019, 171 personas fueron criminalizadas en 13 países europeos por defender los derechos de personas desplazadas. Frente a esta alarmante tendencia, el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos (OPDD), un programa conjunto entre la Federación Internacional de los Derechos Humanos y la Organización Mundial Contra la Tortura, ha publicado un informe que describe las tres estrategias principales de obstaculización y criminalización de los defensores de los derechos de personas desplazadas en Europa. En este artículo, analizamos el informe de la OPDD sobre la criminalización de la solidaridad en Europa.
DISCURSOS DE INSEGURIDAD, MIEDO Y ODIO
Imágenes de movimientos importantes y descontrolados de personas, así como metáforas de agua – “ola” – o de guerra – “invasión” – han servido para deshumanizar y despolitizar a personas desplazadas como objetos de inseguridad y miedo en Europa. Además, la generalización de una cultura de incredulidad sistemáticamente pone en duda la legitimidad de las situaciones e intenciones de las personas desplazadas que llegan a Europa.
La difusión de este discurso de odio, miedo y seguridad por parte de las autoridades europeas, los líderes políticos y los medios de comunicación ponen en peligro no solo a las personas desplazadas que buscan un futuro más favorable en Europa, sino también a las personas que defienden sus derechos y muestran solidaridad.
Diariamente, personas y organizaciones solidarias reciben comentarios xenófobos, insultos y amenazas. Estas campañas de acoso les culpan a menudo de facilitar la llegada de personas desplazadas y pretenden disuadir y deslegitimar actos de solidaridad. En marzo de 2020, manifestantes incendiaron el almacén de una organización humanitaria y agredieron a trabajadores humanitarios en la isla de Lesbos. En mayo del 2021, una joven voluntaria recibió mensajes de odio y amenazas tras consolar a una persona desplazada en la orilla de Ceuta. También en España, según el informe, CEAR condenó el acoso y las amenazas que sufren los dueños de propiedades al alquilar pisos a personas desplazadas.
Además de su impacto psicológico, la creación de este entorno hostil limita ya de por sí escasas fuentes de apoyo a personas desplazadas y pone en riesgo el derecho fundamental a defender los derechos de los demás. El OPDD destaca la necesidad urgente de cambiar el modo de hablar de y representar a las personas desplazadas para garantizar tanto sus derechos fundamentales como los de las personas que las apoyan.
UNA ODISEA ADMINISTRATIVA
Muchos países europeos tratan de obstaculizar el trabajo de organizaciones de apoyo a personas desplazadas mediante la adopción de legislaciones y procesos administrativos que restringen actos de solidaridad.
Por ejemplo, en Grecia, el estado ha desarrollado una estrategia de agotamiento basada en la adopción de nuevas regulaciones cada pocos meses para las organizaciones de apoyo a personas desplazadas.En Hungría, el estado impone un impuesto especial de 25% para las actividades de apoyo a personas desplazadas.En Calais, las autoridades francesas ejecutan estrategias de intimidación con la prohibición de distribuciones de comida y agua en ciertas zonas de la ciudad o multas y controles de identidad excesivos a los trabajadores humanitarios. En enero del 2022, Médicos Sin Fronteras anunció su retirada de la región fronteriza entre Polonia y Bielorussia tras un bloqueo de más de 3 meses del acceso de las organizaciones humanitarias por las autoridades polacas.
Frente a esta multitud de casos, el informe reclama el desmantelamiento de obstáculos administrativos desproporcionados que restringen el trabajo de actores humanitarios para proteger el derecho a ayudar a personas desplazadas.
UNA LEGISLACIÓN EUROPEA IMPRECISA
La lucha contra las redes de traficantes de personas desplazadas ha llevado a un marco legislativo europeo, así como a legislaciones nacionales, contra la entrada, la facilitación, el tránsito y la residencia no autorizados que criminalizan el trabajo de organizaciones humanitarias y a ciudadanos que, bajo criterios éticos y humanitarios, ayudan a personas desplazadas.
El protocolo de la ONU contra el tráfico ilícito de personas migrantes por tierra, mar y aire ratificado por la gran mayoría de los estados europeos establece el tráfico de personas migrantes como “la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material“. Para la ONU, el elemento de beneficio es imprescindible para criminalizar un acto de tráfico de personas migrantes y excluye de por sí a actos de carácter humanitario.
Sin embargo, el paquete legislativo de la Unión Europea contra el tráfico de personas no refleja el protocolo de la ONU. La directiva del Consejo Europeo 2002/90 sanciona la facilitación deliberada de entrada o de tránsito no autorizada, pero no especifica la necesidad de un elemento de beneficio para la criminalización. Esta definición otorga a los estados miembros un margen de interpretación demasiado amplio que no asegura la exención de la asistencia humanitaria, tal y como podemos observar en numerosos casos como el de Sean Binder y Sarah Mardini, voluntarios de búsqueda y rescate en la isla de Lesbos, que fueron arrestados en 2018 y se enfrentan a cargos de tráfico de personas y a 25 años de cárcel. Asimismo, en diciembre de 2021, el parlamento británico aprobó un proyecto de ley que pretende criminalizar a las personas que rescatan a personas desplazadas en apuros en el mar.
El informe exige una reforma de la legislación europea para imponer el elemento de beneficio en la criminalización del tráfico de personas desplazadas. Además, recomienda el desarrollo de sistemas de supervisión para analizar críticamente el papel de los estados europeos en la criminalización de la solidaridad y asegurar los derechos de los defensores de los derechos de personas desplazadas.
Desde Refugees Welcome España, compartimos esta preocupación por la creciente obstaculización y criminalización de la solidaridad hacia las personas desplazadas en Europa. Mostramos nuestro apoyo a las recomendaciones planteadas para la protección del derecho a la solidaridad y exigimos la responsabilización de los estados europeos. La ayuda humanitaria no es un crimen. Silenciar a las personas que crean y promueven la cultura de bienvenida en Europa sólo compromete aún más los derechos fundamentales de las personas desplazadas.