Escrito por Grace Curpen
A principios de este año, el Estado español anunció un proceso extraordinario de regularización para las personas migrantes en situación administrativa irregular que viven en España. Refugees Welcome (RW) fue una de las entidades colaboradoras en materia de extranjería del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para apoyar a las personas durante el proceso de solicitud. Este artículo recoge las reflexiones de dos miembros del equipo de RW, Flavia y Mün, sobre su experiencia durante el proceso y las barreras a las que se enfrentaron tanto las personas solicitantes como las organizaciones implicadas.
Introducción
En la primavera de 2026, España anunció un proceso extraordinario de regularización para personas migrantes en situación administrativa irregular. La medida permitía a quienes ya residían en el país regularizar su situación y obtener un permiso para vivir y trabajar legalmente durante un año. No era la primera vez que ocurría algo así: en la historia reciente de España se han llevado a cabo un total de siete procesos extraordinarios de regularización, siendo el primero entre 1985 y 1986, una década después de la caída del régimen franquista (MISSMI, 2026).
Este proceso no surgió de manera espontánea: fue el resultado de seis años de presión de la sociedad civil y organizaciones para regularizar a la población migrante en situación administrativa irregular en España. Durante la pandemia de la COVID-19, más de 120 organizaciones formaron el colectivo Regularización Ya y reclamaron al Gobierno un proceso de regularización. Aunque las primeras propuestas no prosperaron, el movimiento continuó su labor de incidencia e impulsó una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), respaldada por más de 700.000 firmas. La propuesta fue admitida a trámite en 2024 y finalmente aprobada a principios de 2026, con el objetivo de regularizar a unas 700.000 personas migrantes en situación irregular (Regularización Ya, 2026).
Es importante destacar que el debate y la tramitación parlamentaria de esta ILP habrían requerido normalmente meses o incluso años para completarse. Por ello, el Consejo de Ministros impulsó el Real Decreto 316/2026, que permitió la aplicación inmediata de la medida. Así fue como la Ley de Regularización Extraordinaria entró en vigor el 14 de abril de 2026.
El movimiento Regularización Ya constituye un ejemplo de cómo la movilización sostenida de la sociedad civil puede generar cambios en las políticas públicas y fortalecer la participación democrática mediante la acción colectiva.
¿Por qué la regularización es importante?
La importancia de la regularización va mucho más allá de la legalidad de la situación administrativa de una persona. Se trata de un mecanismo que protege los derechos y la dignidad de quienes viven en España y que, al mismo tiempo, fortalece la democracia al responder a demandas impulsadas desde la sociedad civil. Regularizar la situación administrativa de una persona migrante permite protegerla frente a la coerción, la explotación y las desigualdades, al tiempo que facilita su plena participación en sus nuevas comunidades y en la sociedad en general.
La existencia de una población en situación administrativa irregular ha favorecido históricamente a determinados sectores del mercado laboral, donde la mano de obra barata y la falta de protección facilitan la explotación. Las personas migrantes en situación irregular suelen concentrarse en sectores como el trabajo doméstico y de cuidados, la limpieza o la agricultura, caracterizados por salarios bajos y condiciones precarias. Al otorgar el derecho legal a trabajar, la regularización mejora el acceso a los derechos laborales, la representación sindical y la protección jurídica, contribuyendo a construir un mercado laboral más justo y transparente. También permite reconocer la contribución económica de las personas migrantes, que participan en la economía a través del consumo de bienes y servicios sujetos a impuestos.
El proceso de regularización: sobre el papel y en la práctica
Para poder acceder a la regularización extraordinaria, el Estado español estableció los siguientes requisitos:
- Haber llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y haber permanecido en el país durante al menos cinco meses consecutivos.
- No tener antecedentes penales ni en el país de origen ni en España. También podían presentar la solicitud las personas con infracciones menores que no estuvieran clasificadas como graves o muy graves.
- Estar en proceso de solicitud de protección internacional, haber tenido una denegación o un recurso.
- Quienes no hubieran solicitado protección internacional debían presentar un certificado de vulnerabilidad, una acreditación de discapacidad o un contrato laboral o prelaboral.
- Los familiares, parejas registradas e hijos menores de edad podían presentar la solicitud conjuntamente como unidad familiar.
Aunque estos requisitos parecían relativamente sencillos, en la práctica muchos resultaron difíciles de cumplir y generaron confusión, dejando incluso a algunas personas fuera del proceso. Las personas apátridas y las de nacionalidad ucraniana, por ejemplo, no podían acogerse a esta medida. Acreditar la residencia fue especialmente complicado para muchas personas, ya que no disponían de empadronamiento ni de la documentación necesaria para obtenerla. Como alternativa, se aceptaron otras pruebas de residencia, como recibos de compra, matrículas en cursos o centros comunitarios, o carnés de biblioteca, siendo necesario presentar al menos dos pruebas por cada mes de residencia.
La participación de Refugees Welcome en el proceso de regularización
A pesar de los años de incidencia política y debate que precedieron al proceso extraordinario de regularización en 2026, la Oficina de Extranjería parecía no estar preparada para la magnitud de la tarea administrativa que tenía por delante. Esta situación se vio agravada por la falta de claridad en la comunicación de los requisitos y por la incorporación de última hora del certificado de vulnerabilidad como criterio de elegibilidad, lo que generó confusión entre muchas personas solicitantes que no sabían dónde ni cómo obtenerlo.
Con el fin de reducir la carga de trabajo de las oficinas municipales encargadas de tramitar las solicitudes, el Gobierno designó a determinadas organizaciones sociales como entidades colaboradoras autorizadas para emitir certificados de vulnerabilidad. Para ello, debían acreditar al menos dos años de trabajo con población migrante, requisito que cumplía Refugees Welcome, una organización sin ánimo de lucro que lleva diez años trabajando en España para conectar a personas refugiadas y desplazadas con soluciones de vivienda y promover una cultura de acogida.
“Refugees Welcome lucha por el acceso a una vivienda digna para personas refugiadas y migrantes, y para acceder a una vivienda es necesario contar con una situación administrativa regular. Por eso vimos claramente la necesidad de apoyar este proceso de regularización”, nos explicó Flavia.
Una conversación reciente con Flavia y su compañera Mün nos permitió conocer de primera mano cómo se desarrolló el proceso. Refugees Welcome reunió a un equipo de 24 personas voluntarias y, junto con voluntarias de la Sociedad Feminista de Rubí, ofreció apoyo en las ciudades de Rubí, Sant Cugat y Barcelona. La organización emitió certificados de vulnerabilidad, ayudó a recopilar documentación, acompañó a las personas solicitantes en la obtención de citas con la Policía y el Ministerio de Justicia y ofreció orientación general durante todo el proceso.
Algunos datos clave
- Entre mediados de abril y finales de junio de 2026, RW prestó apoyo a un total de 486 personas.
- 24 personas voluntarias y 3 miembros del equipo de Refugees Welcome participaron en el proceso.
- Se ofreció atención en 13 idiomas diferentes
- Se emitieron 432 certificados de vulnerabilidad
- 54 personas recibieron acompañamiento puntual para completar formularios, solicitar citas y realizar otros trámites.
- 13 personas recibieron acompañamiento integral durante todo el proceso.
- RW presentó 9 expedientes de extranjería.
- Se elaboraron 4 documentos para simplificar el proceso de regularización extraordinaria.
- La oficina ofrecía iluminación adaptada para personas con sensibilidad a la luz y era accesible para usuarios de silla de ruedas.
- El horario de atención se amplió hasta las 19:00 h para facilitar el acceso a quienes trabajaban durante el horario habitual de oficina.
Retos a los que se enfrentaron las entidades colaboradoras
Flavia y Mün señalaron que uno de los principales retos fue la naturaleza individualizada de cada caso, que dificultaba establecer un procedimiento común y determinar qué apoyos y derivaciones eran más adecuados para cada persona. Esta situación se vio agravada por la falta de información y coordinación entre las administraciones públicas y las organizaciones de apoyo. Mientras algunas entidades se vieron desbordadas por la demanda, otras, como Refugees Welcome, ni siquiera figuraban en los listados oficiales de entidades de apoyo en Barcelona.
Las organizaciones también recibieron pocas orientaciones claras de los Ministerios del Interior y de Justicia sobre la normativa y los procedimientos de regularización. Esto dificultó especialmente el trabajo de personal y voluntariado sin formación jurídica o en políticas migratorias. Ante la falta de herramientas oficiales, CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) elaboró un manual para apoyar a las personas solicitantes, ilustrando una vez más cómo las organizaciones sociales terminan cubriendo vacíos dejados por las instituciones públicas.
Retos a los que se enfrentaron las personas solicitantes
Regularización Ya esperaba llegar a unas 700.000 personas, pero finalmente se presentaron más de 1,1 millones de solicitudes (Europa Press, 2026). La diversidad de perfiles y necesidades, junto con un proceso estandarizado y una información limitada, generó importantes obstáculos para muchas personas solicitantes.
No todas las personas solicitantes podían realizar el trámite de forma fácil o autónoma. No se implementaron medidas específicas para informar y acompañar a personas con distintos niveles de alfabetización, por ejemplo. La mayoría de quienes solicitaban la regularización trabajaban de lunes a viernes en horario laboral, al igual que las administraciones encargadas de prestar asistencia. La falta de flexibilidad horaria obligó a muchas personas a ausentarse del trabajo para reunir la documentación necesaria. lgunas también se enfrentaron a barreras digitales por falta de familiaridad con los procedimientos en línea. El proceso de regularización resultó difícil para las personas sordas o ciegas, ya que no siempre pudieron recibir la asistencia necesaria durante todo el trámite administrativo.
Aunque el trámite de regularización era técnicamente gratuito, se estableció una tasa administrativa de 38,28 euros para las personas adultas y de 10,94 euros para los menores, un coste que podía resultar especialmente difícil de asumir para las familias y, en general, para las personas solicitantes que, debido a su situación administrativa, teóricamente no contaban con un trabajo ni ingresos oficiales. Además, el proceso generó oportunidades para la explotación económica, incluyendo casos de precios inflados por servicios de asesoramiento legal y personas que llegaron a pagar hasta 4.000 euros por contratos prelaborales falsos.
El plazo para presentar las solicitudes constituyó otro obstáculo importante. Las personas interesadas dispusieron de tan solo 75 días para completar el proceso. Este periodo no tuvo en cuenta los largos tiempos de espera para obtener citas, conseguir certificados de vulnerabilidad, recopilar documentos ni afrontar el proceso de acuerdo con las circunstancias personales de cada solicitante. Además, durante esos 75 días coincidieron huelgas del personal de Extranjería y de Correos, festivos y jornadas de cierre administrativo, reduciendo aún más el margen real para presentar las solicitudes.
Racismo estructural y violencia
Uno de los desafíos más importantes y persistentes fue, y sigue siendo, el racismo sistémico al que se enfrentan muchas personas al acceder a instituciones públicas y realizar trámites burocráticos. La regularización tuvo lugar además en un contexto marcado por el aumento de discursos de extrema derecha y narrativas anti-migración cada vez más visibles tanto en España como en otros países europeos.
En la práctica, muchas personas solicitantes, en su mayoría racializadas, se enfrentaron a amenazas, hostilidad y situaciones de inseguridad. La cobertura mediática nacional y internacional del proceso difundió imágenes y vídeos de largas colas de personas esperando sus citas, generando preocupación por su privacidad y seguridad. Estas imágenes podían facilitar la identificación de lugares susceptibles de ataques o acoso por parte de grupos de extrema derecha y, en el caso de personas que habían huido de persecuciones, incluso revelar su identidad o ubicación.
El proceso también exigía que las personas solicitantes facilitaran sus datos personales a la Policía, aumentando la sensación de vulnerabilidad y el temor a posibles consecuencias negativas, incluidos desalojos. Según experiencias compartidas con el equipo de Refugees Welcome, algunas personas relataron haber sufrido actitudes racistas y un trato más violento por parte de agentes policiales.
Otra forma de violencia denunciada durante el proceso fueron las llamadas citas trampa, mediante las cuales una persona era convocada con la promesa de recibir la documentación necesaria para la regularización, cuando en realidad la cita servía para localizarla y facilitar procedimientos de expulsión. Estos incidentes generaron miedo entre las personas solicitantes y pudieron haber disuadido a algunas de continuar con el proceso o incluso de acudir a oficinas de Extranjería o dependencias policiales en busca de ayuda.
¿Y ahora qué?
Algo que parece claro es que el Estado no estaba preparado para el volumen de solicitudes recibidas. Esto plantea interrogantes sobre si el Gobierno contaba realmente con la voluntad política y la capacidad institucional necesarias para implementar adecuadamente el proceso o si este fue posible principalmente gracias a la movilización de la sociedad civil y a la presión ejercida a través de la ILP.
La falta de información no terminó una vez presentadas las solicitudes. Se informó a las personas solicitantes de que recibirían una respuesta de Extranjería en un plazo de 15 días, lo que les permitiría acceder a una autorización temporal de trabajo y solicitar otros recursos. Sin embargo, en el momento de redactar este artículo, en agosto de 2026, habían transcurrido casi tres meses desde el cierre del proceso y seguían sin llegar respuestas. De las 1.174.978 solicitudes presentadas, únicamente 11.000 habían recibido resolución, aproximadamente un 1 % del total (Europa Press, 2026). Actualmente no existe una fecha clara para la finalización completa del proceso. Mientras tanto, miles de personas continúan esperando en una situación de incertidumbre prolongada que genera estrés y ansiedad.
Conclusión
Aunque la regularización extraordinaria constituye sin duda un paso en la dirección correcta, el racismo estructural y el limitado apoyo institucional generaron demasiadas barreras como para considerar el proceso plenamente accesible. A pesar de la incertidumbre que sigue marcando el futuro inmediato de muchas personas solicitantes, este proceso representa una importante victoria para la democracia y para los derechos y la dignidad de las personas migrantes en situación administrativa irregular.
También demuestra cómo la acción colectiva sostenida puede influir en las políticas públicas y ampliar el acceso a derechos para algunos de los sectores más marginados de la sociedad. Para cientos de miles de personas, la regularización no supone únicamente la obtención de un estatus legal, sino también la esperanza de una mayor estabilidad y la posibilidad de participar plenamente en la vida social, económica y cívica.
En un momento en que los debates sobre migración en Europa están cada vez más marcados por discursos racistas y excluyentes y por políticas restrictivas, este proceso de regularización extraordinaria ofrece una visión diferente, basada en los derechos humanos y la dignidad. Sin embargo, el reconocimiento legal por sí solo no es suficiente. La experiencia de este proceso pone de manifiesto la necesidad de abordar las barreras estructurales a las que se enfrentan las personas migrantes y recuerda que aún queda mucho trabajo por hacer para garantizar que nadie quede atrás.
Citaciones
Historia del movimiento- regularización ya. Regularización.Ya · Movimiento estatal auto organizado migrante y antirracista. Available at: https://regularizacionya.com/nuestra-historia/ (Accessed: 03 August 2026).
PREGUNTAS Y RESPUESTAS. TRAMITACIÓN DE REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA 2026 Available at: https://www.inclusion.gob.es/documents/20121/0/20260128+Preguntas+y+respuestas+REGULARIZACI%C3%93N.pdf/bf5f72f9-5b30-a0c4-834b-495118979b87?t=1769589290097 (Accessed: 03 August 2026).
Press, E. (2026) El Gobierno notifica 11.000 Resoluciones aceptadas en el proceso de regularización extraordinaria de migrantes, europapress.es. Available at: https://www.europapress.es/epsocial/migracion/noticia-gobierno-notifica-11000-resoluciones-aceptadas-proceso-regularizacion-extraordinaria-migrantes-20260702130148.html (Accessed: 07 August 2026)