Manifiesto de Refugees Welcome sobre la situación actual en Colombia

Desde el 28 de abril del 2021 Colombia se encuentra sumida en continuas protestas por parte de la ciudadanía, lo que se conoce internacionalmente como “Paro Nacional”.  Estas manifestaciones multifactoriales comenzaron con el objetivo inicial de protesta en contra de la reforma tributaria que se planteó en el país y posteriormente la reforma de salud, ambas propuestas realizadas por el Gobierno de Iván Duque. Estos movimientos políticos dieron paso a las múltiples problemáticas sociales que se acentuaron desde el inicio del levantamiento por el uso desproporcionado de la fuerza hacia las personas manifestantes por parte de las autoridades. Todo esto en una situación de pandemia mundial por la emergencia Covid-19.

El 15 de abril el Gobierno colombiano radicó una reforma tributaria que pretendía recaudar el equivalente a un 2% del PIB del país mediante la imposición de nuevos impuestos para hacer frente a la deuda existente. Esta reforma buscaba imponer impuestos a productos básicos de la canasta familiar, aumentar el precio de la gasolina, incluir un impuesto solidario a las personas con un salario más elevado, implementar un impuesto al patrimonio por dos años, establecer el IVA para los servicios funerarios y de internet y ampliar la base gravable del impuesto de renta, entre otros cambios. Duque hizo un intento de subrayar el componente social de la reforma, que incluía una renta básica… Sin embargo, la reforma tributaria fue el detonante de las protestas que llevan un telón de fondo motivado por un enorme descontento social que a su vez se fue agravando por la pandemia. Todas las personas que están manifestándose en las calles demuestran que no son pocos los sectores inconformes con la gestión y propuestas del Gobierno.

A pesar de que las marchas en todo el país comenzaron de manera pacífica, la violencia no tardó en aparecer y empapar las reclamas sociales. Desde el inicio de las protestas, se han reportado a día de hoy más de 3.789 casos de violencia policial en Colombia, 1.248 casos de violencia física, 45 víctimas de violencia homicida presuntamente por parte de la policía, 1.649 detenciones arbitrarias en contra de los y las manifestantes, 705 detenciones violentas por parte de la fuerza pública, 65 víctimas de agresión en sus ojos, 136 casos de disparo por arma de fuego por parte de la policía y 25 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública. Estos datos son solo una de las múltiples muestras de las violaciones de Derechos Humanos que se están produciendo en el país por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado desconociendo abiertamente los derechos fundamentales además de protocolos y normas internacionales que regulan el derecho a la Reunión Pacífica: Artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial que defiende el derecho a la seguridad personal y la protección del Estado ante toda violencia.

A su vez, el Gobierno pretendía instalar la conocida Gran Conversación Nacional, una plataforma cuyo objetivo era dialogar con los diferentes sectores para conseguir llegar a un consenso y disuadir las protestas sin tener el resultado esperado. El Comité del Paro, tras realizar un listado de peticiones, continúa haciendo un llamamiento a nuevas movilizaciones en el país mientras el Gobierno pide levantar los bloqueos. En su mayoría estas peticiones van dirigidas a que se garantice la libertad de protesta y se detenga automáticamente la violencia contra las y los manifestantes, la condena por los abusos de la Fuerza Pública y la denuncia sistemática por no respetar los derechos de la ciudadanía que se levanta.

Los ríos humanos que se están viendo en las calles de Colombia no han sido un fenómeno aislado, los mismos se habían visto en años anteriores en los paros nacionales donde las personas manifestantes demandaban un cambio en países como Chile y Ecuador.

Desde Refugees Welcome España apoyamos el movimiento en las calles colombianas y denunciamos que la violencia hacia las personas manifestantes y el pueblo colombiano tiene que parar. El derecho a reunión de forma pacífica es un derecho universal que se está violando actualmente en el país así como derechos básicos y fundamentales, dejando decenas de personas heridas y desaparecidas.

Respaldamos el valioso y necesario trabajo que están haciendo numerosas entidades y movimientos sociales colombianos para dar a conocer la realidad y el sufrimiento actual en el país. Organizaciones como Temblores ONG muestran públicamente el número de personas que cada día salen a la calle con la incertidumbre de qué les pasará y qué harán las Fuerzas Públicas o la plataforma de comunicación y periodismo @Pacifisa cuyo objetivo es la consolidación de la Paz en Colombia y la denuncia de feminicidios en el país. A su vez, queremos evidenciar la falta de medidas de protección para la población colombiana y concretamente el aumento y a la vez el rechazo, de la mayoría de las solicitudes de Protección Internacional de personas procedentes de Colombia, según manifiesta CEAR. En el año 2020 de las 38.683 solicitudes de Protección Internacional, 37.907 de ellas fueron denegadas, solo 152 solicitudes fueron concedidas por razones humanitarias, y 624 con el estatuto de refugiado, según datos del Ministerio del Interior. Si bien es cierto que la situación de denegación de Protección Internacional por parte del Estado español a ciudadanos y ciudadanas colombianas se viene dando desde hace años, observamos que la situación actual del país está provocando un agravio y dada la escalada de violencia estructural, Colombia es el segundo país con mayor número de solicitudes sumando un 31.07% del total, según datos del Ministerio del Interior a día 31 de marzo del 2021. 

Si tiene que haber cambios en el país ¿cómo van a ser a costa del sufrimiento y de las libertades del pueblo colombiano?

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