Manifiesto de Refugees Welcome sobre la situación actual en las Islas Canarias

La ruta canaria se ha consagrado como la mayor vía de acceso a Europa por mar, pero también como la más peligrosa. Aunque los datos reflejan un aumento en cuanto al número de personas que llegan a las Islas en búsqueda de nuevas oportunidades, también aumenta el porcentaje de personas que pierden la vida en el intento. No debemos olvidar bajo ningún concepto que estas personas no son un número; tienen nombres y apellidos, en la mayoría de los casos una familia esperando noticias suyas, sueños y metas por cumplir. Hoy día resulta muy fácil olvidarnos que las personas que conforman esos números no son diferentes a nosotros. La deshumanización de las personas migrantes, los procesos migratorios y los desplazamientos forzados están rozando límites estremecedores y alarmantes.

La situación de las Islas Canarias puede compararse en cierta medida con la que tristemente ya se vivió en la isla griega de Lesbos, una realidad que ataja de forma negligente y cuya consecuencia directa es la vulneración de derechos fundamentales de las personas migrantes y refugiadas. Resulta evidente pensar que no aprendimos nada de nuestro vecino europeo, pues seguimos cometiendo los mismos errores. Errores que, en la mayoría de los casos, podrían ser evitados.

Ya no sólo hablamos de las vidas arrebatadas por nuestro mar Mediterráneo en las distintas rutas que existen actualmente, sino también de las miles de personas que se encuentran hacinadas en distintos campamentos temporales por todas las Islas Canarias con escasos recursos para garantizar sus derechos básicos. En el muelle de Arguineguín de Gran Canaria por ejemplo, alrededor de tres mil personas fueron retenidas durante casi cuatro meses (de agosto a diciembre de 2020) en un campamento provisional. Podemos interpretar del artículo 17.2 de la Constitución Española que después de las primeras 72 horas, la persona debería ser puesta en libertad, si habiendo sido puesta a disposición de la autoridad judicial, ésta no adopta la medida de internamiento prevista para los expedientes de expulsión. La mayoría de las situaciones de estas personas, distan de la teoría: sin contacto con el exterior, apenas disponen de agua para beber y asearse; duermen en cartones en el suelo y, en muchos casos, no se garantizan ni una asistencia judicial ni de intérpretes para poder solicitar protección internacional. No sólo hablamos de que se podría estar vulnerando la legislación nacional, sino también de distintos tratados y convenciones internacionales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y Apátridas, la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales o la Convención Europea de Extradición, contempla en sus artículos situaciones como la que se vive actualmente en las Islas y cuyos preceptos no están siendo aplicados.

Pero la situación de los menores no acompañados en Canarias es todavía peor. El Gobierno ha fallado en su deber de tutelar y proteger a los más de dos mil niños y niñas que llegaron este año a las Islas. Desprovistos de la atención psicológica y el acompañamiento necesario, en instalaciones masificadas (con los riesgos que conlleva en plena pandemia mundial), amenazados e increpados en múltiples ocasiones por vecinos y vecinas del lugar. Con un futuro incierto cuánto menos, no podemos más que pedir la correcta actuación de todos los actores responsables e involucrados a la hora de garantizar el bienestar y la seguridad de uno de los colectivos más vulnerables.

No debemos olvidar que los derechos fundamentales que fueron impulsados por la Organización de las Naciones Unidas con el beneplácito de los países miembros hace más de 70 años, son inherentes a cada individuo sin excepción y cada país tiene la obligatoriedad de garantizarlos, por muy utópico que pueda parecer.

Desde Refugees Welcome España, apoyamos y respaldamos la labor de nuestras compañeras de las ONGs que a día de hoy, asumen la tarea y la responsabilidad de garantizar los derechos a estas personas temporalmente, al mismo tiempo que gestionan situaciones insostenibles como la que tristemente estamos viviendo en Canarias.

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