Manifiesto de Refugees Welcome sobre la situación actual en Ceuta

Más de 8.000 personas (entre ellos alrededor de 1.500 menores de edad) nadaron o saltaron las vallas desde Marruecos para entrar en Ceuta, después de que abriera el paso fronterizo en el Tarajal, los días 17 y 18 de mayo. Los soldados españoles desplegados en la frontera hicieron retroceder a la gente, inclusive con violencia, y detuvieron a los que habían conseguido entrar. El gobierno ha anunciado como un éxito que la mayoría de los que cruzaron han sido devueltos a Marruecos, pero las asociaciones seguimos afirmando con fuerza que las devoluciones masivas y sumarias son ilegales según el derecho internacional. Además, alrededor de un centenar de menores de edad habrían sido expulsados, lo cual es ilegal según la legislación española en vigor: por ello, la fiscalía de Ceuta ha abierto una investigación. La denuncia presentada por ONGs locales se basa en particular en la expulsión de Aschraf, un chico de 16 años que llegó a nado a Ceuta, manteniéndose a flote gracias a botellas de plástico.

Según las últimas cifras oficiales del gobierno español, 7.800 migrantes han regresado a Marruecos desde Ceuta tras ser rechazados o aceptar salir “voluntariamente” de España. El ejecutivo asegura que se han respetado los protocolos necesarios para gestionar estos casos, pero las imágenes y los testimonios cuentan otra realidad. 

Lo sucedido se coloca en medio de un creciente conflicto diplomático entre Madrid y Rabat, porque se permitió al presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática entrar en España para ser tratado por el COVID-19. Pero a la vez, estos hechos se insertan en un debate político mucho más amplio que involucra a toda la Unión Europea y nos hace cuestionar una vez más su estrategia de gestión de los flujos migratorios y de sus fronteras. La aparente decisión de Marruecos de relajar los controles fronterizos como represalia puso una vez más de manifiesto la dependencia de la UE de terceros países, “cojines” para evitar que los solicitantes de asilo y  otras personas migrantes lleguen a su territorio. De hecho, los sucesos de Ceuta recuerdan a  lo ocurrido en la frontera entre Grecia y Turquía en marzo de 2020, tras la declaración de Ankara de que dejaría de impedir la salida de refugiados del país, en un aparente esfuerzo por obtener concesiones políticas de la UE.

El marco legal

Las devoluciones en caliente y los rechazos en frontera son una práctica común llevada a cabo por varios países del entorno europeo, siendo España uno de los que más la ejerce. Ya en su Informe Anual 2005, el Defensor del Pueblo criticaba las expulsiones llevadas a cabo al margen de la legalidad, siendo denunciadas y alcanzando repercusión mediática las practicadas por el Gobierno tras los saltos de la valla en otoño del mismo año. El Tribunal Constitucional ampara su validez en la sentencia 17/2013, de 31 de enero. Muchas organizaciones no gubernamentales condenan estas prácticas, pues constituyen una grave violación de los derechos humanos y las leyes marítimas internacionales, y violan en particular el principio de no devolución, el derecho a un recurso efectivo (Art. 13 CEDH) y el derecho de asilo.

A pesar de ser uno de los argumentos más utilizados para justificar los hechos de las últimas semanas, el Acuerdo bilateral con Marruecos firmado en 1992 para expulsar a las personas que cruzaran la frontera no ampara estas devoluciones sumarias en detrimento de la aplicación del artículo 58 de la legislación de extranjería (Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero). Esta última establece los procedimientos en virtud de los cuales un ciudadano extranjero puede ser sujeto de salida coactiva de territorio español; las devoluciones son incompatibles cuando se formaliza una solicitud de protección internacional. La Disposición adicional décima de la Ley de Extranjería establece un régimen especial de Ceuta y Melilla: por medio de ella, se permite a las fuerzas de seguridad rechazar a aquellos que “sean detectados en la línea fronteriza”. El Tribunal Constitucional se ha posicionado a favor de esta disposición (sentencias TC 172/2020 y TC 13/2021), pero también ha marcado límites a esta forma de expulsión. Por otro lado, el acuerdo regula cómo debe ejecutarse esa salida cuando el destino es Marruecos. En otras palabras, los acuerdos de readmisión – sean estos bilaterales firmados por España o multilaterales firmados por la Unión Europea – se aplican sólo una vez que las autoridades españolas hayan tomado la decisión de expulsar a un ciudadano extranjero.

Aunque el propio acuerdo entre España y Marruecos detalla el procedimiento de entrega que implica obligaciones recíprocas para las autoridades de los dos países, es evidente que las autoridades españolas y marroquíes cooperan de manera informal. Como explica EuroMed Rights, el sistema de deportación en España se caracteriza por su falta de transparencia: ni España ni Marruecos proporcionan información pública y accesible en cuanto a retornos, lo cual dificulta el monitoreo de las violaciones de derechos humanos.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España en 2017 por devolución ilegal (N.D. and N.T contra España de 13 de febrero de 2020). En 2019, el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño 10 condenó a España por la devolución ilegal de un menor no acompañado en Ceuta. En 2020, siguiendo la apelación del Gobierno de España, la sentencia del TEDH fue revocada y el Tribunal Constitucional confirmó el veredicto. No obstante, en la práctica, por su propia naturaleza las devoluciones masivas no  cumplen con las obligaciones de protección internacional cuya legalidad condicionaron ambos tribunales. 

Finalmente, como nos recuerda EuroMed Rights, es inquietante el hecho de que el retorno “voluntario” como alternativa a la devolución forzosa se esté convirtiendo en una modalidad para legitimar las deportaciones y normalizar  la externalización de las fronteras europeas. Es crucial que nos cuestionemos la voluntariedad real de estos retornos, sobre todo en el caso de menores de edad.

Nuestras recomendaciones

Que España garantice el supremo interés de los menores y condiciones de recepción dignas para todos. Amnistía Internacional ha denunciado los malos tratos infligidos a las personas migrantes por las fuerzas de seguridad españolas y el ejército en Ceuta. Desde Refugees Welcome nos sumamos en recordar a las autoridades que deben garantizar la protección del interés superior del menor en todos los casos, y que estos jóvenes deben poder solicitar protección internacional si lo desean, tras haber sido debidamente informados y asistidos por un representante legal.

Además, expresamos nuestra preocupación por las condiciones de vida de aquellos que permanecen en Ceuta, en lugares de acogida improvisados o sin hogar. En particular, contestamos al encierro de los jóvenes en un almacén sin suficientes camas, baños ni comida caliente, y su vigilancia por seguridad contratada. Recordamos que el hacinamiento en lugares insalubres y la falta de servicios básicos pueden tener un efecto traumatizante para cuantos hayan sufrido abusos en su país de origen, agravando el estado de su salud mental. Las autoridades deben dotarse de estructuras adecuadas para poder garantizar condiciones de vida dignas a todos mientras tengan que hacer el periodo de cuarentena, y organizar la transferencia a centros de acogida apropiados fuera de la frontera sur cuanto antes.

Que España pare las devoluciones exprés, garantice un proceso justo e individual. La devolución de menores de edad señala la ausencia de un proceso de identificación adecuado de los migrantes en general y de sus vulnerabilidades. ACNUR ha denunciado hace poco que muchos menores no acompañados no llegan a ser informados sobre la posibilidad de pedir asilo en España, o bien son tratados como adultos. Es evidente que expulsar colectivamente a miles de personas en unos pocos días significa actuar sin salvaguardias para los solicitantes de asilo, ni garantías de que reciban información adecuada o la asistencia jurídica que merecen según las normas internacionales.

Que la Unión Europea tome responsabilidad por su política exterior. Las personas migrantes no deben ser utilizadas como medio de influencia en disputas políticas. Lo sucedido en Ceuta nos pone delante la responsabilidad europea en la externalización de fronteras: en diciembre de 2020, la Comisaria Europea de Interior visitó Marruecos para dialogar sobre la gestión de la migración. Se intentó proponer que las facilidades para la otorgación de visados estuvieran condicionadas a acuerdos de readmisión de migrantes, similarmente al acuerdo en vigor con Turquía. Desde Refugees Welcome estamos convencidos que la Europa-fortaleza, a través de la proliferación de este tipo de pactos, perpetúa una política exterior inhumana e ineficaz, dictada por objetivos de control migratorio a corto plazo y marcada por abusos sistemáticos. 

Que España y la Unión Europea dejen de expulsar migrantes hacia Marruecos. El reino alauita tiene un largo historial de abusos y no es un país seguro para los migrantes. La Ley de Extranjería marroquí 02-03 prevé que las personas extranjeras en una situación administrativa irregular en el país puedan ser detenidas y retornadas. Las personas vulnerables como solicitantes de asilo y refugiadas no deben ser retornados: sin embargo, muchas personas son detenidas sin ningún procedimiento judicial y en base a criterios raciales; retornadas ilegalmente a Argelia, a los países de origen o son desplazadas forzosamente al sur del país.

Desde Refugees Welcome España siempre defenderemos los derechos inherentes a cada persona sin importar su condición religiosa, política o administrativa. Defendemos el derecho a la solicitud de asilo y a un recurso judicial efectivo que no condene a las personas migradas por el simple hecho de serlo. Debemos garantizar una correcta atención y poner en práctica la convención internacional que ampara y protege los derechos de las niñas y los niños, sobre todo en aquellos casos donde no se encuentran acompañados.

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