El encarecimiento de la vivienda es una problemática alarmante que parece ir empeorando con el paso del tiempo. El aumento de la inflación, el costo de la energía y de los alimentos son grandes desafíos a los que se enfrenta la población, y al que ahora se le suma la crisis de la vivienda. Hace tan solo pocos años, unos 600 euros permitían a una familia alquilar una vivienda completa. Hoy en día, esto es lo que se pide por una habitación en las grandes ciudades de España. Los grupos más vulnerables ante este encarecimiento son la juventud que estudia o trabaja, personas en situación de desempleo y familias monomarentales. No obstante, hay un grupo al que se les relega a un segundo plano a la hora de hablar de las consecuencias del encarecimiento de la vivienda: las personas migrantes y refugiadas.
Sin duda, las dificultades para acceder a un alquiler están muy marcadas por el aumento de precios, pero las garantías adicionales que imponen los caseros son desproporcionadas. Estas “garantías adicionales” en realidad esconden discriminación, prejuicios y racismo.
Y es que la discriminación al arrendar viviendas está tan normalizada en España que en los propios anuncios en busca de inquilinos/as podemos encontrarnos con mensajes como: “Abstenerse extranjeros”, “absténgase de llamar personas de origen extranjero”, “no extranjeros”. Según Provivienda, en 2020: el 72,5% de las inmobiliarias contactadas aceptaban formas explícitas de discriminación.
Para poder arrendar un piso hoy en día, son necesarios inicialmente más de 3.000 euros (dos meses de fianza, el mes en curso más el mes de la agencia inmobiliaria para un piso de 800 euros), algo que imposibilita aún más la oportunidad de personas migrantes y desplazadas. Esto no solo se queda ahí, sino que se les pide más renta, se le ofrecen peores viviendas o se les exige más requisitos que a personas españolas. Como en los siguientes ejemplos que da Provivienda:
- Al 34,8% de las personas españolas se les solicita contrato indefinido; a las personas migrantes, un 62.2%.
- Las inmobiliarias piden aval al 19,9% a las personas españolas; a las personas migrantes, un 32,3%
- A un 21,2% de las personas españolas se les proponen viviendas sin ascensor, frente a un 38,5% a las personas migrantes.
Todos estos hechos nos permiten conceptualizar como “racismo inmobiliario”, que obliga a las personas migrantes y desplazadas a optar por una habitación antes que por un piso completo. Sin embargo, el coste por un dormitorio ha aumentado un 20,8% en el último año y un 66,2% desde 2015, según el último estudio de Fotocasa. Por poneros unos ejemplos: en Barcelona se exigen 575 euros de media al mes y en Madrid 527 euros. Esto ocasiona que el esfuerzo financiero medio de la ciudadanía (la parte del salario que las personas ciudadanas destinan al pago de la casa) se coloque en un 40%, y un 50%.
Estos precios desorbitados de la vivienda generan un colapso del sistema de asilo en el que no se puede asegurar una vivienda digna a las personas desplazadas, ¿Por qué?
El itinerario que sigue una persona solicitante de protección internacional hasta que se le reconoce el estatus de persona refugiada se divide en dos fases que se alargan desde los 18 meses de protección estatal a 24 en caso de familias vulnerables. La primera, llamada de acogida temporal, cubre las necesidades básicas como el alojamiento temporal, manutención u orientación social, donde los centros de atención a refugiados y pisos gestionados por ONG juegan un papel importante. En teoría no debería durar más de seis meses, pero en la práctica se sobrepasan los tiempos debido a las dificultades de las personas desplazadas para pasar a la fase dos.
La fase dos consiste en la preparación para la autonomía, donde se intenta facilitar la independencia e integración de las personas desplazadas, apoyándoles en la búsqueda de vivienda y empleo. Sin embargo, las personas desplazadas no son capaces de encontrar pisos debido a los precios desorbitados y las malas condiciones de habitabilidad en los pocos pisos que son de precio asequible, además de la lacra del racismo residencial. Esto ocasiona una saturación en el sistema, pues previa a estas dos fases, se encuentra la fase cero conocida como de evaluación y derivación, con coberturas muy básicas y que en teoría no debería superar los 30 días de estancia. Frente a este estancamiento, las ONG son incapaces de encontrar pisos para alojar a personas solicitantes de asilo y refugiadas que ya se encuentran en el país.
Toda esta saturación provoca una ansiedad que es difícil de sobrellevar para las personas refugiadas, pues la angustia de no encontrar piso se suma sus preocupaciones previas,
Ante todo, esto ¿Cuáles son las medidas que ha tomado el Gobierno? Por una parte, desde marzo del 2022 y durante este año, los alquileres solo pueden subir como máximo un 2% y, por otra parte, se establece la prórroga automática durante seis meses de los contratos que expiran antes del 30 de junio del próximo año.
¿Solucionan estas medidas el problema del alquiler?
En parte, limitar la subida de los precios es positivo, pero no suficiente para afrontar las crisis de los alquileres. Parece que la ley de la oferta y la demanda no funciona bien en el mercado de la vivienda, y que promueve fenómenos como el problema de la gentrificación, la exclusión social y el abuso de precios.
Entonces, ¿Cuál es el futuro para afrontar esta crisis? Pues tal vez la respuesta no esté tan lejos y es que precisamente Portugal ha revolucionado su política de la vivienda este año con un plan gubernamental que incluye el alquiler forzoso de inmuebles vacíos, un techo máximo de los precios, y la prohibición de nuevas licencias para pisos turísticos (que solo favorecen la especulación inmobiliaria y la subida de precios).
Desde Refugees Welcome España, apoyamos y tomamos de máxima importancia la exploración de soluciones más innovadoras frente a la crisis de la vivienda, ya que, en última instancia, la vivienda es un derecho humano básico y debe ser accesible para todas las personas, independientemente de su origen y condición socioeconómica. Condenamos también la discriminación que sufren las personas migrantes y refugiadas a la hora de encontrar un hogar, en la que el racismo se suma a la precariedad económica.
Ilustración de Moderna de Pueblo.