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La situación de las mujeres en América Latina y El Caribe

La situación de las mujeres en América Latina y El Caribe

Dentro del marco del mes de la mujer, en Refugees Welcome España hemos decidido poner el foco en las distintas situaciones y modos de vida que sigue la población femenina en distintos continentes entendiendo que la realidad individual de cada mujer es única e incomparable. En este blog, analizamos el papel de la mujer en América Latina y El Caribe.

 

Tras vivir más de un año de pandemia, en un contexto mundial en el que ya existían enormes desigualdades, inestabilidad económica, niveles elevados de violencia y servicios de salud fragmentados, los impactos de diversos escenarios con el riesgo adicional de una emergencia sanitaria causada por la COVID-19, han agravado de manera muy particular la situación de la población vulnerable. Una vez más, las mujeres y niñas son las más afectadas, pues son ellas las que han sufrido mayores repercusiones ante un amplio diagnóstico que exacerba una sociedad dañada.

La participación plena y equitativa de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad es un derecho humano fundamental. Sin embargo, en todo el mundo, las mujeres y las niñas están considerablemente infrarepresentadas: desde la política y el entretenimiento hasta los lugares de trabajo. 

En América Latina y el Caribe, una de las regiones más desiguales del mundo, parte importante de la desigualdad se sostiene en base al mercado laboral segmentado que discrimina a las mujeres por ser responsables de los cuidados. Este mercado condiciona la inserción de las mujeres a empleos con mayores niveles de precariedad laboral y vulnerabilidad, siendo los sectores con mayor presencia femenina los más afectados por la COVID-19, por ejemplo, el sector manufacturero, turístico, comercial o el servicio doméstico remunerado.

Según estimaciones de la CEPAL, OIT y ONU Mujeres entre 11 y 18 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado en América Latina y el Caribe, de estas el 93% son mujeres. El trabajo doméstico supone en promedio entre el 10,5% y el 14,3% del empleo de las mujeres en la región. En países como Paraguay o Argentina este porcentaje supera el 16%, lo que significa que una parte importante de la población activa, especialmente de las mujeres, lo hace en condiciones precarias y sin acceso a protección social. Los países con mayor proporción de mujeres empleadas en el servicio doméstico son Paraguay, Argentina y Brasil. Los ingresos de las mujeres empleadas en el servicio doméstico son iguales o inferiores al 50% del promedio de todas las personas ocupadas. 

 

Más del 77,5% de las mujeres de la región que trabajan en el empleo doméstico operan en la informalidad. En Centroamérica y el Caribe los niveles de informalidad superan de media el 90%.

 

Uruguay es el país con mayor cobertura en el sistema de seguridad social de la región (cerca del 70% con afiliación al Banco de Previsión Social). Entre los países con cobertura más baja (inferior al 10%) se encuentran Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Perú.

Si para todas las mujeres existe una brecha entre los derechos que se consagran en las leyes y el ejercicio de esos derechos en la vida real, en el caso de las mujeres indígenas, esta es aún mayor por las múltiples formas de violencia, discriminación y exclusión que enfrentan. Así se pone de relieve en el informe Derechos de las Mujeres Indígenas a 25 años de la Declaración de Beijing

Las causas estructurales del fenómeno migratorio en mujeres indígenas obedecen a la necesidad de buscar horizontes que mejoren sus condiciones de vida; pues en sus lugares de origen sortean constantemente problemáticas en salud, situaciones de violencias, baja inclusión en el ámbito educativo, laboral, condiciones de extrema pobreza, explotación laboral y en algunos casos mendicidad.

Es común resaltar la categoría de la feminización de la pobreza, apoyada, en el incremento de mujeres pobres en América Latina y el Caribe, se calcula que 118 millones de mujeres viven en situación de pobreza, 23 millones más de mujeres en comparación con el 2019. Lo que significa un retroceso de 10 años

El impacto desproporcionado de la crisis sanitaria en las mujeres en general, y en las mujeres indígenas en especial, pone en relieve la necesidad de avanzar aceleradamente, con leyes y políticas sostenidas por evidencia, suficientes recursos, mecanismos de implementación y rendición de cuentas para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. El Secretario General de las Naciones Unidas en su informe El impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe señala cómo las condiciones socioeconómicas previas de los pueblos indígenas agravan las consecuencias de esta pandemia en esa población.

Las brechas salariales entre mujeres indígenas con respecto a los hombres son bastante amplias; pues en promedio el 29,4% de las mujeres no cuentan aún con ingresos propios, porcentaje que se ubica en torno al 10,7% en el caso de los hombres. Además, las brechas salariales de género persisten como un obstáculo para la autonomía económica de las mujeres y tienen un efecto perverso no solo en su vida laboral, sino también en los niveles de ingreso a la edad de retiro y en el monto de la pensión a la que tendrán acceso. Estas brechas salariales son aún mayores para los 6 grupos de mujeres que enfrentan múltiples discriminaciones en la región, como son las mujeres indígenas, afrodescendientes o migrantes.

Un 17,2% de las personas ocupadas como trabajadoras domésticas son migrantes, siendo un 73,4% de ellas mujeres. Según datos de la ronda censal 2010 para ocho países, un 63% de las personas que se desempeñan en el empleo doméstico eran afrodescendientes.

Además, en un año en el que la limitación de la movilidad causada por los confinamientos decretados en muchos países para hacer frente a la pandemia, los datos emergentes indican que el Impacto de COVID-19 en la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe, sobre todo la violencia doméstica, se está intensificando durante la pandemia. En México, en el estado de Nuevo León, según la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres se reportó un aumento de más de 30% de denuncias de casos de violencia familiar y un aumento de denuncias por violaciones de dos o tres diarias por 5 diarias en las últimas semanas. En Bolivia, fueron reportados durante el periodo de cuarentena hasta el 15 de abril de 2020: 4 feminicidios, 1,200 casos de violencia contra mujeres y 33 casos de violación a menores de edad. En Colombia 12 mujeres fueron asesinadas en un periodo de 16 días (20 de marzo-4 de abril de 2020), y de acuerdo a la Consejera Presidencia para la Equidad de la Mujer, durante los primeros días de la cuarentena nacional se registró un aumento de un 51% en los casos de violencia intrafamiliar contra las mujeres. En la capital brasileña de Río de Janeiro, se reportó durante la cuarentena, un 50% de incremento en las denuncias por violencia de género, según la jueza del fuero de Violencia Doméstica del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro. En Argentina, el promedio diario de consultas a la línea 144 por violencia de género en el mes de marzo (20-31) incrementó un 39% comparado a los días anteriores del 1-19 de marzo.

Según los datos del Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019, la violencia contra las mujeres y niñas afecta en promedio a 1 de cada 3 mujeres a lo largo de su vida, y según los últimos datos disponibles, en América Latina y el Caribe 12% (aproximadamente 19,2 millones de las mujeres y niñas entre 15 y 49 años, fue víctima de violencia física o sexual por parte de su compañero íntimo actual o anterior en los 12 meses anteriores a la encuesta). La información más reciente de 33 países de la región da cuenta de que la cifra de mujeres asesinadas en 2019, por el solo hecho de ser mujeres, superaba las 3,800.

Aunado a lo anterior, y como otra vertiente del desglose de un confinamiento, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, dijo que también la pandemia “visibilizó la brecha digital de más de 40 millones de hogares (en América Latina y el Caribe) que no están conectados (a internet)”. Agregó que “la posibilidad de teletrabajar de las mujeres es mayor que la de los hombres, pero la falta de conectividad no les permite hacerlo”. Dicha situación subraya que, en su mayoría, las mujeres indígenas se han tenido que enfrentar con mayor dureza a la brecha digital que les impide acceder a información sobre servicios públicos u oportunidades de formación.

En lo que respecta al ejercicio del poder y la toma de decisiones, la participación de las mujeres sigue siendo limitada. En el ámbito parlamentario, la presencia de mujeres se dobló entre 2002 y 2019, con un incremento del 15% al 31%, lo que indica que la presencia política de mujeres continúa estando por debajo de la media. Cabe además señalar que las mujeres pueden enfrentar mayores niveles de violencia política cuando acceden a estos espacios.

Por otra parte, América Latina y el Caribe es la única región del mundo donde los matrimonios infantiles no han disminuido en los últimos 25 años y ocupa el segundo lugar del mundo en número de embarazos adolescentes. 1 de 4 niñas en América Latina y el Caribe se casa o entra en unión temprana antes de los 18 años. El matrimonio infantil y las uniones tempranas son un fenómeno complejo relacionado con desigualdades de género, pobreza, abandono escolar, violencia y embarazo adolescente, el cual pone en riesgo la vida y la salud de las niñas, además de limitar sus perspectivas futuras. Sin acciones e inversiones aceleradas, América Latina y el Caribe ocupará el segundo puesto más alto de matrimonio infantil y uniones tempranas para 2030.

Si algo nos ha recalcado la crisis, es el valor y necesidad fundamental de la participación paritaria de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, desde la familia, las comunidades, hasta la toma de decisiones públicas y políticas. Aún nos queda mucho por hacer, fomentemos la reflexión y empatía colectiva, promovamos el diálogo social e impulsemos leyes que ayuden a construir un futuro sostenible para todas y todos.

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