La movilidad humana a lo largo de la geografía del planeta es una realidad histórica ligada intrínsicamente al devenir de nuestra especie. En la actualidad, solo hace falta comparar las pirámides de edad y las proyecciones demográficas entre diversos espacios geopolíticos para aventurarse en la afirmación de que está movilidad continuará siendo posible, necesaria e inevitable. En lo que respecta al espacio europeo estamos viendo discursos y planteamientos políticos que pretenden negar esta realidad y actuar de forma contraria a su armonización democrática de acuerdo al Convenio Europeo de Derechos Humanos y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los emisores de estos discursos no solo niegan la necesidad de esta movilidad, también niegan el cambio climático, situación que apremia a unas políticas comunes que puedan garantizar la vida humana en la tierra. Estas dos realidades, negadas por algunos, con una clara intención instrumental para adquirir espacios de poder, tienen y tendrán una conexión causal que nos obliga a buscar soluciones basadas en los derechos humanos y principios democráticos.
Podemos tomar como ejemplo de buenas prácticas la respuesta europea a la situación de emergencia que ha padecido la población ucraniana a partir de la invasión por parte de la Federación Rusa. Tendría que ser posible universalizar esta experiencia con el resto de los casos que demandan de una respuesta acorde con los derechos humanos. No obstante, nos preocupa que el resto de las políticas de migración y asilo llevadas a cabo por los países europeos dejan bastante que desear en relación con los derechos humanos y los principios democráticos. El reto de reconocer la realidad expuesta en el párrafo anterior tiene que ser asumido por un gran espectro político que vaya desde los partidos que quieran conservar la democracia liberal hasta los que aspiran a progresar hacia una democracia más social. Si no se afronta este reto y se niega la mayor, veremos como estas realidades políticas serán erosionadas constantemente por propuestas reaccionarias que pretenden establecer un orden antidemocrático.
Una posición posible de firme convicción en pro de los derechos humanos la hemos visto reflejada en la respuesta a la situación ucraniana, sin embargo, esta tendencia ha estado ausente en las negociaciones para el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo. En esta cuestión, creemos que la actual Presidencia española de la Unión Europea tiene la oportunidad de poner los derechos humanos en el centro de las políticas migratorias y de asilo mediante políticas comunes corresponsables de una solidaridad necesaria y urgente. Es necesario corregir el camino que están tomando los países europeos. Un camino, que va en contradicción de sus compromisos adquiridos con los derechos humanos. Estas contradicciones las apreciamos en la cuestión de la movilidad humana tanto en política interior dentro de sus fronteras como en una política de externalización en los países que se encuentran al otro lado de estas.
La externalización de fronteras por parte de los países europeos es una política que solo causa dolor y muerte. En Túnez, después de firmar un acuerdo de contención migratoria con la Unión Europea, cientos de personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo han sido abandonadas en el desierto del Sáhara sin agua ni comida. En Marruecos, país con un acuerdo migratorio con el gobierno de España, el 24 de junio de 2022 perdieron la vida 40 personas en el puesto fronterizo de Barrio Chino, entre Nador y Melilla. La falta de vías seguras que garanticen el cumplimiento de los derechos causa todo este dolor. En lo que llevamos de año, como nos advierte el colectivo Caminando Fronteras, se han registrado 951 víctimas mortales en la Frontera Occidental Euroafricana. Estas muertes se suman a las 11 286 personas que han muerto en las fronteras españolas en los últimos 5 años.
En este contexto de dolor, de obstáculos y de dificultades para acceder a los países de acogida, crece el número de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo situándose en 108,4 millones según las cifras de ACNUR a finales de 2022. Personas que se ven obligadas a dejar sus hogares a causa de persecuciones, guerras, conflictos, violencia, violaciones a los derechos humanos y los acontecimientos que alteraron gravemente el orden público. Para el caso español, vemos como nos hemos convertido en el tercer país europeo que más solicitantes de asilo recibe, solo por detrás de Alemania y Francia. Sin embargo, a pesar de un incremento en el porcentaje de resoluciones favorables con respecto al 2021, en 2022 de los 86 997 expedientes resueltos solo un escaso 16 % de personas obtuvieron protección internacional. Una cifra que se aleja tristemente de la media europea situada en el 38 %.
La mayoría de las personas que solicitaron protección internacional en España procedían de América Latina. Este dato puede sorprender por la presunción de una mayor dificultad debido a la lejanía en contraposición al cercano continente africano. La explicación a este dato se encuentra en la posibilidad de entrada sin necesidad de visado por parte de las personas que provengan de países latinoamericanos como Colombia o Venezuela. Este hecho dota de mayor legalidad y seguridad a la vía de acceso a la protección internacional. En contraste, nos encontramos con unos trayectos migratorios desde África o desde gran parte de los países asiáticos hasta Europa casi imposibles. Por ejemplo, comprobamos como a las personas que necesitan solicitar protección internacional huyendo del conflicto de Sudán no se les ofrece ninguna vía legal y segura mediante un visado humanitario.
Por desgracia, las dificultades no se acaban en la entrada y regularización de la situación de las personas. Dentro de nuestro país las personas migrantes y refugiadas se enfrentan día a día a muchas fronteras internas que dificultan los procesos de inclusión social necesarios para su bienestar. Estas fronteras se construyen a base de racismo, de machismo, de clasismo y de xenofobia. Por otro lado, nos encontramos con una sociedad abierta a la acogida y dispuesta a no mirar hacia otro lado ante el horror que se nos muestra constantemente a través de los medios de comunicación.
Desde una organización civil como Refugees Welcome nos enfrentamos a una limitada capacidad de acción que conseguimos afrontar mediante el esfuerzo y el convencimiento de una misión clara que apuesta por una cultura de bienvenida. Los esfuerzos de una sociedad civil organizada y convencida en la aplicación de los derechos humanos han conseguido hasta la fecha iniciar muchas convivencias en toda España entre personas desplazadas de sus hogares y personas locales. Para aquellas personas que se vieron obligadas a abandonar sus países (Palestina, Mali, Colombia, Afganistán, Senegal, El Salvador, Ucrania…) por diversos motivos esto ha supuesto haber encontrado un espacio seguro y de confianza en el que poder seguir su proyecto de vida. A la vez, esto ha ayudado a las personas locales a combatir prejuicios en sus entornos y a disfrutar de una experiencia intercultural desde casa.
Desde nuestra acción y responsabilidad queremos hacer una llamada a la sociedad a no resignarnos a la renuncia de los derechos humanos. Unos derechos humanos que son fruto de múltiples luchas por el entendimiento, desde la igualdad como una sola humanidad. Tenemos mucho camino por recorrer y esfuerzos que aportar desde lo individual a lo colectivo. Desde nuestra experiencia sabemos que una convivencia inclusiva y horizontal es un factor clave para entender nuestro bienestar colectivo y un mecanismo que hace posible la convivencia pacífica.
Por:
Raúl Hernández Villasol
Investigador Margarita Salas UAB y voluntario de Refugees Welcome
Tania y Mamadou. Convivencia Cataluña