Los Centros de Internamiento de Extranjeros, más comúnmente conocidos como CIEs, son centros públicos controlados por el Ministerio del Interior creados para custodiar a personas extranjeras hasta su deportación a su país de origen. En la actualidad existen siete CIEs en España, con un total de 1.742 plazas, 172 de ellas para mujeres.
Estos lugares son denominados oficialmente como centros de internamiento debido a que se detiene dentro a las personas a causa de faltas administrativas (por entrada considerada como no protocolaria en el país, por pérdida del inicial permiso…), no por delitos. Sin embargo, la realidad es que funcionan como centros penitenciarios camuflados, sin garantías, y que privan de su libertad a personas migrantes.
La propia existencia de este tipo de centros es problemática desde su origen, ya que con ellos se pretende controlar el flujo migratorio frenando la llegada de personas migrantes y agilizando sus expulsiones, sumándole a estas cuestiones, diversos factores que hace su existencia aún más cuestionable.
Las condiciones de las personas recluidas en estos centros han sido denunciadas en múltiples ocasiones desde diversas instituciones y organizaciones como Mundo en Movimiento, Pueblos Unidos, el Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine o Algeciras Acoge, entre otros. Entre los motivos de denuncia encontramos desde agresiones e insultos por parte de los cuerpos de seguridad con su posterior incumplimiento de los protocolos para encubrirlas, y que en muchos casos acaban con total impunidad debido a la deportación de las víctimas y sus testigos, por lo que estos casos acaban sobreseídos y archivados, hasta falta de asistencia sanitaria a los internos.
Estos abusos que se reproducen de forma sistemática en los CIEs, tienen ciertas particularidades en el caso de las mujeres privadas de libertad, que, a pesar de ser minoría (en 2019 fueron 171 mujeres frente del total de 2.224 personas ingresadas), sufren una doble discriminación por ser migrantes y por ser mujeres.
Entre las mujeres detenidas en los CIEs encontramos dos perfiles, por un lado, se encuentran aquellas dedicadas al trabajo del hogar y cuidados, que suelen tener personas a su cargo y que dependen de sus ingresos, por lo que la mayoría ya ha tenido que soportar abusos en sus entornos de trabajo. Sin embargo, estos son socialmente tolerados e ignorados, por lo que sufren una menor identificación.
Por otro lado, se encuentran las mujeres que se dedican a la prostitución, sobrerrepresentadas en los CIEs. Esto se debe al propio sistema legal, que no solo deja totalmente desprotegidas a las mujeres, sino que que además permite mediante la suma de la ley de extranjería y la ley mordaza abrir expedientes a mujeres por el simple hecho de ser extranjeras y que exista la sospecha de que ejercen la prostitución.
Además, muchas de ellas son víctimas de trata, pero esto es ignorado por la policía, que solo presta atención a su irregularidad administrativa. Debido a ello, tampoco se les proporciona la ayuda necesaria, lo que a su vez provoca que muchas veces vuelvan a ser capturadas como víctimas de trata una vez son puestas en libertad. Ya no es solo que el sistema falle en detectar a mujeres en situación de vulnerabilidad, sino que además se ignora de forma sistemática las peticiones de ayuda, siendo el rechazo de las solicitudes de protección internacional la norma: de las 2.164 solicitudes presentadas a lo largo de 2019, solo fueron aceptadas 326.
Otra de las negligencias por parte de la administración que sufren las mujeres es la falta de salubridad y los problemas para mantener la higiene personal durante la menstruación, en algunas ocasiones sin acceso directo a los enseres de higiene custodiados por policías y sin acceso a cambio de ropa interior. También los abusos sexuales por parte de las autoridades están a la orden del día en los CIEs, pero como muestra el caso del CIEs de Málaga, éstas rara vez son condenadas judicialmente.
El caso de la atención sanitaria, gestionada por una empresa privada, también es motivo de preocupación, y en general existe un servicio insuficiente: falta de informes tras supuestos abusos policiales, desestimación de los síntomas de las mujeres, falta de atención psicológica para víctimas de abusos, uso de medicación psiquiátrica sin suficiente control médico para evitar protestas y falta de pruebas en el caso de mujeres embarazadas.
Recientemente, el modelo de gestión del Estado Español ha sufrido un cambio debido a la ineficacia de los CIEs, y ha descendido el número de internamientos, pero esto no es motivo de celebración, ya que han sido sustituidos por un sistema de expulsiones exprés realizadas en las 72 horas siguientes a la detención.
Desde Refugees Welcome condenamos los abusos cometidos en los CIEs y este modelo carcelario que no garantiza los derechos de las personas en movimiento, y cuya base es una política discriminatoria. Reclamamos el cierre de estas instituciones que violan sistemáticamente los derechos humanos y deberían suponer una vergüenza nacional, y de los cuales se puede prescindir, como se demostró con su cierre en el 2020 durante dos meses debido a las condiciones generadas por la pandemia.